Nueva York multa a Uphold con USD $5 millones por engañar con producto de ahorro cripto
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La fiscal general de Nueva York, Letitia James, alcanzó un acuerdo con Uphold por más de USD $5 millones tras acusar a la plataforma de promocionar CredEarn como una opción segura de ahorro en criptomonedas sin revelar riesgos clave. El caso vuelve a poner el foco sobre la venta de productos cripto de alto riesgo a clientes minoristas bajo mensajes de confianza y protección que, según las autoridades, no se correspondían con la realidad.
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- Nueva York obligó a Uphold a pagar más de USD $5 millones por promover el producto cripto CredEarn de forma engañosa.
- La fiscalía sostuvo que la empresa presentó CredEarn como seguro y confiable, sin explicar los riesgos reales ni la falta de un seguro integral.
- Los fondos se destinarán a clientes afectados por la quiebra de Cred, que colapsó en 2020 tras acumular pérdidas por préstamos riesgosos.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, obtuvo un acuerdo por más de USD $5 millones de la plataforma cripto Uphold por su papel en la promoción de un producto de inversión que las autoridades calificaron como fraudulento.
El caso gira en torno a CredEarn, una oferta presentada a usuarios como una herramienta de ahorro en criptomonedas con rendimientos atractivos y una imagen de aparente seguridad.
El acuerdo llega en un contexto en el que los reguladores estadounidenses siguen aumentando la presión sobre empresas del sector digital que comercializaron productos financieros complejos a usuarios minoristas. En este tipo de casos, el punto central no suele ser solo el colapso posterior del producto, sino también la manera en que se comunicaron sus riesgos desde el inicio.
Según informó Cointelegraph al citar el anuncio de la oficina de la fiscal general, Uphold promovió CredEarn entre enero de 2019 y octubre de 2020 a través de su plataforma y su aplicación móvil. Durante ese período, lo presentó como un producto de ahorro seguro y confiable, con pagos anuales de intereses que resultaban atractivos para los clientes.
La investigación concluyó que Uphold no informó a sus usuarios que Cred generaba esos rendimientos mediante micropréstamos dirigidos a jugadores de videojuegos de bajos ingresos en China. De acuerdo con la fiscalía, se trataba de prestatarios que normalmente no tenían historial crediticio y tampoco acceso a instituciones financieras tradicionales.
Qué objeta Nueva York sobre la promoción de CredEarn
Para muchos lectores nuevos en el tema, los productos de “ahorro cripto” suelen ofrecer retornos por depositar activos digitales en plataformas que luego los prestan o los utilizan en estrategias de rendimiento. El problema surge cuando esos mecanismos se describen como conservadores o protegidos, pese a depender de contrapartes frágiles, estructuras opacas o modelos de préstamo muy agresivos.
En este caso, la oficina de Letitia James sostuvo que Uphold omitió información material sobre el verdadero perfil de riesgo de CredEarn. La preocupación regulatoria no se limitó a que el producto terminara mal, sino a que los clientes no habrían recibido una explicación suficiente sobre cómo se originaban los rendimientos que se les prometían.
Otro punto clave del acuerdo fue la afirmación de Uphold de que Cred contaba con un “seguro integral”. La fiscalía determinó que esa declaración era falsa. Según las autoridades, en ese momento no existía dentro de la industria un seguro de ese tipo que protegiera a inversionistas minoristas frente a pérdidas de activos digitales.
Ese detalle es especialmente sensible en el mercado cripto, donde palabras como “seguro”, “protegido” o “garantizado” pueden influir de forma decisiva en la conducta del usuario. Para un cliente promedio, una promesa de cobertura total puede reducir la percepción de riesgo, incluso si en la práctica el producto depende de actividades altamente especulativas o de préstamos difíciles de recuperar.
La oficina de la fiscal general también señaló que Uphold operaba sin el registro requerido como corredor o corredor de materias primas. Esa acusación añade una dimensión regulatoria adicional al caso, ya que no solo se cuestionó la promoción del producto, sino también el marco legal bajo el cual la plataforma estaba desarrollando parte de sus actividades.
El colapso de Cred y el impacto sobre los usuarios
La historia de Cred terminó agravando la situación de miles de usuarios. Según el anuncio oficial, la empresa comenzó a acumular pérdidas en marzo de 2020 debido a sus prácticas de préstamo riesgosas. Ocho meses después, se declaró en bancarrota, dejando a clientes de Uphold en distintas partes del mundo expuestos a pérdidas.
La caída de Cred se convirtió en un ejemplo más de los riesgos asociados con modelos de rendimiento que prometen retornos llamativos en mercados poco transparentes. En muchos de estos esquemas, los usuarios descubren demasiado tarde que su dinero no estaba estacionado en una reserva líquida, sino comprometido en operaciones de crédito complejas y vulnerables.
Como parte del acuerdo, Uphold pagará USD $5 millones directamente a los clientes afectados. La cifra, según destacó la fiscalía, equivale a más de cinco veces las comisiones que la empresa cobró por este arreglo. Ese dato busca reforzar la idea de que la sanción no solo compensa daños, sino que también supera el beneficio económico que la compañía obtuvo por la comercialización del producto.
Además, cualquier fondo que Uphold recupere de los procedimientos de bancarrota de Cred seguirá el mismo destino. La empresa figura como acreedora por USD $545.189, y cualquier monto que logre rescatarse será transferido a los inversionistas perjudicados. Los usuarios elegibles serán notificados por correo electrónico una vez que los fondos lleguen a sus cuentas.
Letitia James resumió el enfoque de su oficina con una declaración contundente. “Los inversionistas deberían poder confiar en el asesoramiento del sector que reciben”, dijo. Luego añadió que su despacho seguirá trabajando para garantizar que los malos actores rindan cuentas por poner en peligro la seguridad financiera de sus clientes.
Más presión regulatoria sobre el ecosistema cripto en Nueva York
El caso contra Uphold no ocurre de forma aislada. Nueva York ha intensificado su actividad legal en temas vinculados a activos digitales, especialmente cuando considera que ciertas ofertas se acercan a productos financieros o de apuestas sin cumplir con los requisitos estatales. Esa postura ha convertido al estado en uno de los frentes regulatorios más activos del país.
El mes pasado, Nueva York demandó a Coinbase y Gemini al alegar que sus ofertas de mercados de predicción violaban las leyes estatales sobre apuestas. Esa disputa abrió otro capítulo relevante en la discusión sobre quién debe supervisar determinados productos financieros digitales y bajo qué normas deben operar.
La respuesta de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos, o CFTC, fue inmediata. El organismo demandó a Nueva York en un tribunal federal, al sostener que la ley federal le concede autoridad exclusiva sobre los mercados de predicción. Además, solicitó una orden judicial permanente para bloquear las acciones de aplicación impulsadas por el estado.
En conjunto, estos casos muestran una tensión creciente entre autoridades estatales y federales respecto al control del sector. Mientras algunas oficinas estatales buscan actuar con rapidez frente a productos que consideran dañinos para consumidores minoristas, organismos federales reclaman que ciertas áreas son competencia exclusiva de Washington.
Para la industria cripto, el mensaje es claro. Más allá de la tecnología o del formato digital de los activos, las plataformas que promocionan productos de rendimiento, ahorro o inversión enfrentan cada vez más presión para explicar con precisión cómo funcionan, qué riesgos asumen los clientes y qué protecciones existen realmente. Cuando esa información no se entrega de forma completa, las consecuencias legales y reputacionales pueden ser severas.
Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público
Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA
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