Bitcoin Policy Institute rechaza el PARITY Act por favorecer al staking

El nuevo borrador bipartidista del Digital Asset PARITY Act busca dar mayor claridad fiscal a los activos digitales en Estados Unidos, pero ya enfrenta un rechazo frontal por parte del Bitcoin Policy Institute, que acusa a la propuesta de beneficiar al staking y romper la neutralidad tecnológica.
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• El PARITY Act propone cambios tributarios para stablecoins, préstamos de activos digitales, wash trading e inversionistas extranjeros.
• También permitiría a ciertos participantes de staking diferir impuestos sobre recompensas hasta su disposición.
• El Bitcoin Policy Institute cuestiona ese tratamiento por considerar que favorece a redes Proof-of-stake frente a Proof-of-work.

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Un nuevo borrador legislativo en Estados Unidos volvió a colocar la tributación cripto en el centro del debate regulatorio. El jueves, los representantes Max Miller, republicano por Ohio, y Steven Horsford, demócrata por Nevada, publicaron un texto bipartidista de discusión titulado Digital Asset Protection, Accountability, Regulation, Innovation, Taxation, and Yields Act, también conocido como Digital Asset PARITY Act.

La propuesta busca precisar cómo debe aplicarse el Internal Revenue Code de 1986 a los activos digitales. En términos generales, el proyecto intenta ofrecer mayor claridad fiscal para varias actividades comunes dentro del mercado cripto, desde pagos con stablecoins hasta préstamos de tokens y recompensas derivadas del staking, informa Yahoo Finance.

Sin embargo, la recepción no fue uniforme. El Bitcoin Policy Institute, una organización alineada con la defensa de Bitcoin y de ciertos principios de política pública para el ecosistema, expresó una oposición abierta al tratamiento fiscal contemplado en el texto, con críticas centradas en lo que considera un sesgo a favor de redes Proof-of-stake (PoS).

La controversia refleja una discusión más amplia que ha acompañado al sector durante años. A medida que la industria madura, también crece la presión sobre los legisladores para adaptar reglas tributarias diseñadas antes de la aparición de los activos digitales, pero cada ajuste puede beneficiar o perjudicar a distintos modelos de red.

Qué propone el borrador del PARITY Act

Uno de los puntos más llamativos del borrador es el tratamiento de las stablecoins. La propuesta plantea eliminar las ganancias o pérdidas en transacciones con stablecoins de pago reguladas, siempre que el precio pagado por la stablecoin no se desvíe más de un 1% de su paridad con el dólar.

Esa disposición apunta a simplificar el uso cotidiano de estos activos, que suelen emplearse como puente entre monedas fiduciarias y criptomonedas, o como instrumento de pagos dentro del ecosistema. En la práctica, intenta evitar que operaciones menores con tokens estables generen fricciones fiscales desproporcionadas.

El borrador también incluye un apartado sobre inversionistas extranjeros. En este caso, extendería a los activos digitales ciertas disposiciones ya existentes de puerto seguro, con el fin de aclarar que los activos digitales mantenidos dentro de una cuenta registrada en Estados Unidos por un inversionista domiciliado en el extranjero no estarían sujetos a la jurisdicción tributaria estadounidense.

Otro frente abordado por la propuesta es el de los préstamos de activos digitales. Según el texto, los contribuyentes no tendrían que reconocer ganancias o pérdidas de capital al transferir activos digitales en el marco de acuerdos de préstamo, un tratamiento que ya se aplica a los valores tradicionales.

La iniciativa además llevaría las prohibiciones de wash trading al terreno cripto. Hoy estas restricciones aplican a “stock or securities”, pero el proyecto propone extenderlas a cualquier activo digital, cerrando así un vacío que por años ha sido objeto de debate entre reguladores y participantes del mercado.

El punto más polémico: el tratamiento fiscal del staking

El aspecto que despertó mayor resistencia es el referido al staking. El borrador permitiría a los llamados “passive stakers” diferir las consecuencias fiscales de los ingresos obtenidos por staking de activos digitales.

Bajo un régimen electivo, las recompensas por staking solo tributarían cuando fueran dispuestas. Al mismo tiempo, los costos asociados podrían capitalizarse, y las ganancias serían tratadas como ingreso ordinario durante el período de la elección, antes de pasar posteriormente a ganancias de capital a largo plazo.

Para muchos observadores, esta sección intenta responder a una de las mayores zonas grises del sistema tributario aplicado a cripto en Estados Unidos. El staking genera rendimientos por participar en la validación y seguridad de determinadas redes, pero la forma exacta en que deben gravarse esas recompensas ha sido motivo de discusiones técnicas y jurídicas.

La reacción del Bitcoin Policy Institute fue contundente. La organización se opone abiertamente al tratamiento fiscal propuesto por PARITY y sostiene que la medida favorece a las recompensas de redes cripto basadas en Proof-of-stake, sin preservar la neutralidad tecnológica.

Ese argumento toca una sensibilidad histórica dentro del ecosistema. Bitcoin funciona con Proof-of-work (PoW), un sistema que no depende del bloqueo de capital para validar transacciones del mismo modo que las redes proof-of-stake. Por ello, cualquier ventaja fiscal específica para el staking puede ser interpretada por sectores bitcoineros como una preferencia normativa por otro modelo de consenso.

La discusión de fondo entre neutralidad fiscal y diseño de redes

La crítica del Bitcoin Policy Institute no es aislada. En el mundo cripto, la idea de neutralidad tecnológica suele invocarse para pedir que las leyes no privilegien una arquitectura de red sobre otra, especialmente cuando distintos mecanismos de consenso compiten por capital, usuarios e influencia política.

Aun así, el propio debate revela una diferencia estructural importante entre ambos sistemas. Como recoge la información citada por Yahoo Finance, el staking exige que los validadores comprometan capital mediante activos digitales bloqueados, mientras que proof-of-work no opera bajo esa misma lógica.

Esa distinción podría explicar, al menos en parte, por qué el borrador contempla un tratamiento particular para las recompensas por staking. No se trata necesariamente de una justificación aceptada por todos, pero sí de un elemento clave para entender por qué los redactores del proyecto habrían optado por un enfoque desigual.

En otras palabras, la discusión no solo es fiscal. También es técnica. El legislador que intenta adaptar la ley tributaria a la realidad de los activos digitales se enfrenta a actividades que, aunque comparten el mismo sector, no siempre tienen una naturaleza económica idéntica.

Por eso, el desacuerdo actual podría anticipar nuevas rondas de negociación. La propuesta todavía es un borrador de discusión, y ese estatus suele abrir espacio para observaciones de la industria, grupos de política pública y otros actores interesados antes de una eventual versión formal.

Por qué este borrador importa para el mercado cripto

Más allá de la controversia puntual, el Digital Asset PARITY Act muestra que en Washington sigue avanzando el esfuerzo por construir un marco tributario más específico para el sector. Durante años, empresas, usuarios e inversionistas han reclamado definiciones más claras para reducir incertidumbre y costos de cumplimiento.

La inclusión de temas como stablecoins, wash trading, préstamos y staking sugiere que el Congreso intenta abarcar varios de los puntos donde hoy existen vacíos o ambigüedades. Eso no garantiza consenso, pero sí refleja un cambio de etapa: los activos digitales ya no son tratados solo como una novedad marginal dentro del sistema financiero.

También es relevante el carácter bipartidista del borrador. Que Miller y Horsford, representantes de partidos distintos, impulsen juntos este texto indica que la regulación fiscal de cripto sigue siendo uno de los pocos espacios donde todavía es posible buscar acuerdos transversales, aunque no sin fricciones.

Por ahora, el foco estará en cómo responden otros actores del ecosistema y si las objeciones del Bitcoin Policy Institute logran influir en futuras revisiones. Si el lenguaje sobre staking permanece intacto, es probable que la tensión entre defensores de Proof-of-work y Proof-of-stake siga escalando en el debate público.

En cualquier caso, el borrador deja una señal clara. La batalla regulatoria sobre los activos digitales en Estados Unidos ya no gira solo alrededor de si deben ser regulados, sino de cómo repartir las cargas y beneficios fiscales entre tecnologías distintas que compiten bajo una misma etiqueta cripto.

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Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.