Informe de BPI vincula a PSL con bloqueo de USD $23.600 millones en infraestructura de IA en EE. UU.

Un nuevo informe del Bitcoin Policy Institute sostiene que el Partido por el Socialismo y la Liberación, una organización marxista-leninista con vínculos documentados con la red de Neville Roy Singham, jugó un papel clave en campañas que retrasaron, redujeron o bloquearon cerca de USD $23.600 millones en inversión prevista para infraestructura de IA y centros de datos en Estados Unidos.
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• El reporte documenta 21 campañas en 14 estados vinculadas a 10 moratorias, 1 prohibición permanente y 4 proyectos rechazados o retirados.
• BPI afirma que existe superposición entre el liderazgo del PSL y organizaciones financiadas por Neville Roy Singham, empresario radicado en Shanghái investigado por sus supuestos nexos con el PCCh.
• El informe distingue entre preocupaciones locales genuinas sobre agua, energía y uso de suelo, y una presunta campaña organizada para amplificar la oposición a la infraestructura de IA.

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La disputa por la infraestructura que alimenta a la inteligencia artificial ya no se limita a chips avanzados, energía barata o capacidad de cómputo. En Estados Unidos, también se libra en ayuntamientos, audiencias públicas y campañas locales contra centros de datos.

En ese contexto, @SamLyman33 difundió los hallazgos centrales de una nueva investigación del Bitcoin Policy Institute, o BPI, que atribuye a un grupo marxista-leninista con vínculos documentados con China un papel crítico en esfuerzos para bloquear o retrasar USD $23.600 millones en inversión en IA dentro del país.

El documento en cuestión, titulado Foreign Influence in the Campaign Against American AI Part II: The Singham Ground Game, fue elaborado por Sam Lyman, director de investigación de BPI. El texto examina cómo la oposición a centros de datos se ha cruzado con acusaciones de influencia extranjera en el debate político estadounidense.

Según el resumen ejecutivo, el objetivo del informe no es desacreditar las inquietudes de ciudadanos preocupados por el impacto de estas instalaciones sobre tarifas eléctricas, recursos hídricos o calidad de vida. Su tesis central es que, en paralelo a esas preocupaciones legítimas, habría operado una red organizada para amplificar la resistencia al despliegue de infraestructura de IA.

Para lectores del ecosistema cripto y tecnológico, el trasfondo es relevante. La carrera por la IA depende de centros de datos, acceso a electricidad estable y capacidad computacional, elementos que también resultan estratégicos para minería Bitcoin, servicios cloud, entrenamiento de modelos y despliegue de redes digitales de gran escala.

Qué sostiene el informe de BPI

El reporte afirma que el Partido por el Socialismo y la Liberación, conocido como PSL por sus siglas en inglés, ha sido un movilizador importante en 21 campañas registradas en 14 estados. De acuerdo con BPI, esas acciones contribuyeron a 10 moratorias sobre centros de datos, 1 prohibición permanente y 4 proyectos rechazados o descartados.

La cifra económica más citada es de USD $23.600 millones en inversión propuesta para infraestructura de IA y centros de datos que habría sido retrasada o bloqueada. El documento aclara que el monto es conservador, porque no incluye varios proyectos cuyos valores no fueron divulgados públicamente.

Entre los casos más cuantiosos figuran el campus de QTS Data Centers en DeForest, Wisconsin, valorado en USD $12.000 millones, y Brightseat Tech Park en Prince George’s County, Maryland, estimado en USD $5.000 millones. También aparecen Project Blue en Tucson, asociado a una inversión de USD $3.600 millones; un proyecto de USD $2.000 millones en Chandler, Arizona; y una propuesta de Google en Franklin Township, Indiana, por USD $1.000 millones.

BPI sostiene que el PSL actuó a veces como organizador principal y en otros casos como miembro de coaliciones más amplias. El informe subraya que su intención no es afirmar que toda oposición a centros de datos haya sido fabricada, sino mostrar que una organización con agenda política nacional se insertó repetidamente en conflictos locales estratégicos.

El texto también destaca que las victorias se concentraron en 9 estados y que, cuando una campaña lograba una moratoria temporal, varios capítulos del PSL pasaban luego a exigir prohibiciones permanentes. Ese patrón aparece mencionado en lugares como Charlotte, Denver, Prince George’s County y Athens.

La red Singham y los vínculos señalados con el PSL

En el centro de la investigación aparece Neville Roy Singham, ciudadano estadounidense que vive en Shanghái y que en 2017 vendió la consultora Thoughtworks por un monto reportado de USD $785 millones. El informe recuerda además que Singham trabajó previamente como consultor para Huawei y que se identifica como marxista.

El documento de BPI retoma hallazgos públicos ya conocidos sobre una red internacional de organizaciones sin fines de lucro y medios alineados con posiciones del gobierno chino en temas geopolíticos. También menciona que el Congreso estadounidense y otras instancias federales han intensificado su escrutinio sobre esa red durante 2025 y 2026.

La tesis del reporte es que el PSL funciona como el brazo político de ese ecosistema. Para sustentarla, enumera superposiciones de liderazgo entre el partido y entidades como The People’s Forum, ANSWER Coalition, BreakThrough News y Justice and Education Fund.

Entre los nombres citados aparecen Claudia De la Cruz, cofundadora de The People’s Forum y candidata presidencial del PSL en 2024; Karina Garcia, directora y tesorera de Justice and Education Fund; Ben Becker, editor en jefe de BreakThrough News y miembro del comité central del PSL; Brian Becker, director de ANSWER Coalition y cofundador del partido; y Eugene Puryear, cofundador tanto de BreakThrough News como del PSL.

El informe argumenta que esta superposición conecta dinero, medios y organización política. También menciona otros lazos polémicos, como la participación de Eugene Puryear en Radio Sputnik durante varios años y los vínculos de algunos dirigentes con iniciativas de solidaridad con Cuba, Venezuela y otros gobiernos abiertamente enfrentados con Washington.

La cuestión del financiamiento y la transparencia

Uno de los puntos más sensibles del informe es la opacidad financiera del PSL. BPI afirma que no pudo encontrar una organización 501(c)(3) o 501(c)(4) registrada bajo el nombre del partido en los registros del IRS, ni un comité nacional permanente ante la FEC.

Según el reporte, la única divulgación federal localizada corresponde a comités electorales de candidatos del PSL, como el de Claudia De la Cruz en 2024. Eso deja fuera del escrutinio público la mayor parte de la financiación para actividades permanentes como organización local, viajes, publicaciones, medios y campañas temáticas.

El documento señala que el propio PSL solicita donaciones directas y aclara que sus contribuciones no son deducibles de impuestos. También indica que el partido asegura financiarse con cuotas de militantes, campañas de recaudación y pequeños aportes, sin dinero corporativo o de fundaciones, aunque BPI sostiene que esas afirmaciones no pueden verificarse plenamente con registros públicos.

A partir de esa laguna, el reporte concluye que el público no puede determinar con claridad quién financia la mayor parte del activismo no electoral del PSL. Tampoco, añade, puede descartarse a partir del expediente público la posibilidad de aportes provenientes de Singham o incluso de fuentes extranjeras.

La conclusión de BPI no es que exista prueba definitiva de financiamiento chino directo al PSL. Su argumento es más acotado: que una organización con liderazgo entrelazado con una red investigada por supuestos nexos con el Partido Comunista Chino actúa políticamente en un sector estratégico de la economía estadounidense sin transparencia suficiente sobre su dinero.

Los casos que sustentan la cifra de USD $23.600 millones

El documento desarrolla estudios de caso ciudad por ciudad. En Charlotte, Carolina del Norte, atribuye al PSL local una campaña de puerta a puerta, peticiones y protestas que derivó en una moratoria de 150 días aprobada por el concejo municipal el 8 de junio de 2026.

En Prince George’s County, Maryland, BPI describe al capítulo del área de Washington como fuerza principal en la lucha contra Brightseat Tech Park. Según el informe, la presión popular llevó a una pausa en permisos mientras se evaluaba el futuro del proyecto de USD $5.000 millones.

En Tucson, Arizona, el reporte sitúa al PSL entre los grupos que ayudaron a visibilizar Project Blue, un campus vinculado a Amazon. El concejo municipal rechazó la anexión y rezonificación por 7 a 0 en agosto de 2025, y Amazon terminó retirándose en diciembre de ese año, aunque el proyecto luego se redirigió a otra jurisdicción.

En Chandler, también en Arizona, el informe cita al PSL Phoenix y al PSL Tucson como actores destacados en la oposición a una rezonificación para un centro de datos de IA valuado en USD $2.000 millones. El concejo rechazó la propuesta por unanimidad en diciembre de 2025.

En Franklin Township, Indiana, BPI señala al PSL local como participante documentado en la campaña contra un proyecto de Google de USD $1.000 millones. La empresa retiró su petición de rezonificación minutos antes de una votación en la que, según el informe, al menos 17 miembros del consejo ya estaban listos para votar en contra.

Moratorias, prohibiciones y campañas aún activas

Más allá de los proyectos con cifras concretas, el informe enumera una serie de moratorias locales en Wisconsin, Georgia, Carolina del Norte, Colorado y Utah. En Madison se aprobó una pausa de un año, mientras que en Dane County se adoptó otra de 18 meses durante junio de 2026.

En DeForest, Wisconsin, el reporte describe una de las campañas más importantes del medio oeste contra un campus de QTS respaldado por Blackstone. El proyecto, valuado en USD $12.000 millones, fue declarado “no viable” y la empresa retiró su propuesta tras meses de controversia y escrutinio público.

En Monterey Park, California, una coalición de la que formó parte el PSL Los Angeles impulsó una campaña que terminó en una prohibición permanente de centros de datos. El informe señala que la medida fue aprobada por votantes con cerca de 86% de apoyo.

También aparecen campañas activas en New Orleans, Cleveland, Milwaukee, Prichard y una ofensiva estatal más amplia en Wisconsin. En varios de esos casos, el informe sostiene que el PSL sigue empujando para convertir pausas temporales en prohibiciones más extensas o definitivas.

BPI incluye además dos derrotas del partido, en Sangamon County, Illinois, y Louisville, Kentucky, donde los proyectos fueron aprobados pese a la oposición. Con ello intenta mostrar, según el propio texto, un registro más completo de su actividad y no solo de sus éxitos.

La lectura estratégica para la carrera de IA en Estados Unidos

El informe enmarca estos conflictos dentro de una competencia mayor por poder computacional, energía e infraestructura industrial. Desde esa perspectiva, cada retraso local en centros de datos adquiere relevancia nacional, especialmente en un momento de rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China.

BPI insiste en que las preocupaciones sobre agua, tarifas eléctricas, ruido o uso de suelo son auténticas y merecen ser escuchadas. Sin embargo, afirma que esas inquietudes pueden ser amplificadas y dirigidas por actores cuya meta no es meramente ambiental o comunitaria, sino política y estratégica.

El documento cita además un sondeo de Gallup de marzo de 2026 según el cual 71% de los estadounidenses se opondría a un centro de datos de IA en su propia zona, con 48% fuertemente en contra. También menciona datos de Edelman según los cuales solo 32% de los adultos en Estados Unidos dice confiar en la IA y apenas 17% quiere adoptarla.

Para BPI, esas cifras no son atribuibles solo al PSL ni a la red Singham. Su punto es que el partido aparece de forma recurrente en disputa tras disputa, y que por ello forma parte relevante de una historia política más amplia sobre cómo se está moldeando la aceptación social de la IA.

En esa lógica, el informe pide mayor transparencia sobre quién organiza, quién financia y qué intereses geopolíticos podrían estar interviniendo en la conversación pública. La conclusión expresa que legisladores, periodistas y ciudadanos deberían poder evaluar estos debates con conocimiento pleno de los actores que participan en ellos.

Lo que no afirma el informe y por qué el debate seguirá

El texto hace varias salvedades importantes. Una de ellas es que no acusa a los miembros del PSL de ser operativos chinos ni sostiene que toda la oposición a los centros de datos haya sido artificial o fabricada desde el exterior.

Tampoco plantea que el PSL haya sido el factor único o decisivo en cada moratoria, veto o retiro de proyecto. Su posición es que la influencia del partido fue, como mínimo, contributiva y que merece escrutinio por la naturaleza estratégica de la infraestructura en juego.

Ese matiz será clave en la recepción pública del documento. En muchos de los casos mencionados, la resistencia local nació de comunidades preocupadas por el agua, la red eléctrica o el impacto sobre barrios residenciales, temas que trascienden cualquier guerra narrativa entre potencias.

Aun así, el informe sugiere que el problema no es solo quién protesta, sino qué redes nacionales convierten esas protestas en campañas coordinadas. Esa pregunta tiene ecos más amplios para la minería Bitcoin, la expansión de centros de datos, los mercados energéticos y la futura arquitectura de la economía digital.

Con la infraestructura de IA convertida en asunto de seguridad económica, el reporte de BPI probablemente intensifique un debate que ya toca tecnología, política industrial y geopolítica. El choque entre soberanía tecnológica, activismo local y transparencia financiera apenas comienza.

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Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.