Carolina del Norte avanza con proyecto para crear una reserva estatal de Bitcoin

Carolina del Norte dio un nuevo paso en la creciente tendencia de los estados de EE. UU. que evalúan incorporar Bitcoin a sus tesorerías públicas. Un proyecto de ley ya superó su primera lectura en el Senado y plantea una reserva estratégica administrada por el tesorero estatal, con reglas estrictas de custodia, auditoría y uso.

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• El Proyecto de Ley del Senado 327 permitiría asignar hasta 10% de los fondos públicos del estado a BTC.
• La propuesta contempla almacenamiento en frío con multifirma, auditorías mensuales y reportes trimestrales.
• El uso de la reserva quedaría limitado a crisis severas, inversiones aprobadas, infraestructura crítica y desarrollo económico.

 

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Los legisladores de Carolina del Norte presentaron una propuesta para crear una reserva estatal de Bitcoin bajo control público. La iniciativa, introducida el miércoles, abre la puerta a que el estado incorpore BTC a su estrategia financiera de largo plazo en medio de un debate cada vez más amplio sobre el papel de las criptomonedas en las tesorerías gubernamentales.

El texto, identificado como Proyecto de Ley del Senado 327 y titulado North Carolina Bitcoin Reserve and Investment Act, permitiría a la Oficina del Tesorero Estatal asignar hasta 10% de los fondos públicos a BTC.

La iniciativa, patrocinada por los senadores Johnson y Overcash, ya superó su primera lectura en el Senado y fue remitida al Comité de Reglas y Operaciones. Según el planteamiento, sus objetivos incluyen establecer una Reserva Estratégica de Bitcoin, promover a BTC como una innovación financiera y posicionar a Carolina del Norte como líder en la adopción de criptomonedas a nivel estatal.

Para lectores menos familiarizados con el tema, una reserva estratégica de Bitcoin implica que una entidad pública mantenga parte de sus recursos en BTC como activo de reserva. En este caso, no se trata de uso operativo diario, sino de una herramienta pensada para diversificar activos y reforzar la estrategia financiera del estado a largo plazo.

Cómo se administraría la reserva

La propuesta establece que el tesorero estatal sería responsable de gestionar la reserva. Para ello, utilizaría billeteras de almacenamiento en frío con autenticación multifirma, un esquema habitual en la custodia de criptoactivos que busca reducir el riesgo de accesos no autorizados y reforzar el control institucional sobre los fondos.

Además, el proyecto contempla la creación de un nuevo departamento dentro de la oficina del tesorero. Esa unidad sería la encargada de custodiar los activos y de garantizar que el control permanezca directamente en manos del estado, en lugar de depender de terceros para la administración principal de las tenencias.

La propuesta también pide conformar una Junta Asesora Económica de Bitcoin. Ese organismo estaría integrado por expertos de la industria y tendría la función de ofrecer orientación técnica y estratégica, además de contribuir con un marco de supervisión alrededor del funcionamiento de la reserva.

Junto con esa estructura, el proyecto exige auditorías mensuales para verificar los saldos de la reserva, las condiciones de seguridad y el desempeño de los activos. Ese componente apunta a ofrecer trazabilidad y seguimiento frecuente en un tipo de tenencia que, por su naturaleza digital, exige protocolos específicos de control y verificación.

Compras, minería y reglas de uso

De aprobarse, las adquisiciones de Bitcoin se realizarían a través de exchanges regulados con sede en Estados Unidos. El proyecto también prevé compras al por mayor programadas, con la intención de aprovechar condiciones de mercado favorables y evitar una ejecución improvisada de las operaciones.

Otro punto llamativo es que la iniciativa instruye al tesorero a explorar operaciones de minería de BTC. La idea sería evaluar si esa actividad puede servir como vía complementaria para aumentar las tenencias del estado, aunque el texto no detalla todavía un modelo operativo concreto para ese frente.

La reserva no podría utilizarse libremente para cualquier gasto. El proyecto limita su uso a crisis financieras severas, estrategias de inversión aprobadas, financiamiento para infraestructura crítica y proyectos de desarrollo económico, así como apoyo para investigación, educación e incentivos empresariales relacionados con Bitcoin.

El texto añade una barrera importante para cualquier venta de BTC. Cualquier liquidación requeriría la aprobación de al menos dos tercios de ambas cámaras de la Asamblea General, una condición que eleva el umbral político para desprenderse de los activos y que busca dar estabilidad a la estrategia de reserva.

La propuesta también permite que la reserva respalde bonos como herramienta alternativa de financiamiento para proyectos públicos. Esa cláusula sugiere que los legisladores no solo ven a Bitcoin como un activo de tesorería, sino también como una posible pieza dentro de estructuras más amplias de financiamiento estatal.

Transparencia, cumplimiento y contexto regulatorio

En materia de rendición de cuentas, el tesorero tendría que presentar informes trimestrales a la Asamblea General. Esos reportes incluirían detalles sobre el estado de la reserva, su valor y su desempeño, y además estarían disponibles públicamente en el sitio web del tesorero, de acuerdo con el proyecto.

La iniciativa incorpora disposiciones para cumplir con las leyes federales y estatales aplicables a la tenencia y tributación de criptomonedas. También alienta la defensa de regulaciones federales favorables a Bitcoin, lo que refleja que el proyecto no se limita a la custodia local, sino que reconoce el peso del entorno regulatorio nacional.

Desde una perspectiva más amplia, este tipo de propuestas suele generar debate entre quienes ven a BTC como una cobertura frente a la depreciación monetaria y quienes advierten sobre su volatilidad. El proyecto de Carolina del Norte no elimina ese debate, pero sí intenta responder aparte de esas preocupaciones con controles de custodia, auditoría y autorización legislativa.

La fuente Bitcoin Magazine señaló que varios estados de EE. UU. ya exploran o han implementado reservas de BTC como parte de sus estrategias de tesorería. Esa tendencia se ha convertido en uno de los temas más observados dentro del cruce entre política pública, mercados financieros y adopción institucional de criptomonedas.

La competencia entre estados por adoptar Bitcoin

Según el recuento citado por Bitcoin Magazine, Texas, New Hampshire y Arizona ya promulgaron leyes que permiten asignar porciones de los fondos estatales a Bitcoin. Ese grupo representa a los estados que han dado el paso más avanzado dentro de esta corriente de adopción pública de BTC.

En paralelo, Maryland, Iowa, Kentucky, Carolina del Norte, Michigan, Dakota del Sur, Illinois, Tennessee y Misuri han presentado legislación con propuestas similares. Esto sugiere que la discusión ya no es marginal y que distintos gobiernos estatales evalúan activamente cómo integrar activos digitales en sus estructuras de reserva.

Otros estados, entre ellos Oklahoma, Utah y Pensilvania, han considerado proyectos de ley que todavía siguen en comité. En contraste, propuestas en Wyoming, Montana y Florida se han estancado o fueron rechazadas, lo que muestra que el avance de estas iniciativas sigue dependiendo de condiciones políticas, regulatorias y presupuestarias propias de cada jurisdicción.

En conjunto, estos movimientos reflejan una tendencia creciente a considerar a BTC como posible reserva de valor y como vía para diversificar activos financieros estatales. En el caso de Carolina del Norte, el proyecto aún debe superar nuevas etapas legislativas, pero su presentación confirma que Bitcoin continúa ganando espacio en debates formales sobre política fiscal y gestión de tesorería pública.

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Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA