Brasil permitirá incautar y liquidar Bitcoin criminal para financiar a la policía

Brasil dio un paso decisivo en su estrategia contra el crimen organizado al promulgar una ley que permite congelar, incautar y liquidar criptomonedas vinculadas a delitos graves, incluso durante investigaciones en curso. La medida no solo refuerza el control sobre activos digitales como Bitcoin, sino que además convierte esos fondos en una fuente inmediata de financiamiento para la seguridad pública.
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• La Ley n.º 15.358 fue promulgada el 25 de marzo por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
• Los jueces podrán congelar, incautar y autorizar la liquidación anticipada de criptoactivos ligados a delitos graves.
• Brasil suma esta medida a un marco regulatorio más estricto para exchanges, custodios y proveedores de billeteras.

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Brasil reforzó su estrategia contra el crimen organizado con una nueva ley que amplía las facultades del Estado para actuar sobre criptomonedas vinculadas a actividades ilícitas. La norma permite congelar, incautar y liquidar activos digitales como Bitcoin, incluso antes de una condena definitiva, siempre que exista un vínculo claro con delitos graves.

La medida marca un cambio relevante en la manera en que el país trata estos activos. Hasta ahora, las criptomonedas asociadas a investigaciones podían ser rastreadas o bloqueadas, pero el nuevo marco también habilita su monetización temprana y su uso para financiar capacidades operativas de seguridad pública.

De acuerdo con la información publicada por Yahoo Finance, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó el 25 de marzo la Ley n.º 15.358. La norma, conocida como Ley Raul Jungmann o Ley Antipandillas, está dirigida a debilitar la base financiera de organizaciones criminales, incluidas milicias privadas y redes paramilitares.

Para lectores menos familiarizados con este tema, el punto central es que las criptomonedas ya no son vistas solo como un vehículo digital difícil de rastrear. En varios países, las autoridades las tratan cada vez más como bienes susceptibles de congelamiento, decomiso y venta, de forma similar a otros activos financieros.

Qué permite la nueva ley en Brasil

La legislación faculta a los tribunales a ordenar la incautación de bienes durante investigaciones en curso y sin aviso previo a los sospechosos. En ese grupo entran expresamente los “activos digitales o virtuales”, una formulación que incluye criptomonedas como Bitcoin y otros criptoactivos usados por redes criminales.

Los jueces también podrán autorizar la liquidación anticipada o el uso temporal de esos bienes antes de que exista una condena definitiva. Esa posibilidad aplica cuando se compruebe un nexo claro entre los activos y la actividad delictiva investigada, una herramienta que busca evitar que los fondos permanezcan inmovilizados durante largos procesos judiciales.

Uno de los elementos más llamativos de la ley es el destino del dinero recuperado. En lugar de conservar las criptomonedas incautadas por tiempo indefinido, Brasil ahora podrá convertirlas en recursos utilizables casi de inmediato para equipamiento policial, capacitación y apoyo operativo.

En la práctica, eso significa que los fondos decomisados al crimen pueden terminar financiando patrullas, entrenamiento, infraestructura o herramientas para las fuerzas de seguridad. La lógica detrás de la norma es golpear la estructura económica de grupos como el PCC y el Comando Vermelho atacando con rapidez sus reservas, incluidas las que mantienen en formato digital.

El origen político de esta iniciativa se remonta a finales de 2025. En ese momento, el presidente Lula presentó el Proyecto de Ley 5.582/2025 como parte de una ofensiva más amplia contra el crimen organizado, planteando que las criptomonedas debían ser tratadas de manera similar a activos financieros tradicionales para fines de embargo y liquidación.

Tras pasar por el Congreso y recibir revisiones, el texto avanzó con rapidez hasta convertirse en ley el 25 de marzo. Con ello, Brasil consolida un enfoque más agresivo frente al uso de criptoactivos en economías criminales, al tiempo que amplía el margen de acción de jueces y cuerpos de seguridad.

Un marco regulatorio más estricto para el ecosistema cripto

La nueva ley de decomisos no surgió de forma aislada. Brasil viene construyendo desde hace años una arquitectura regulatoria más robusta para el sector de activos digitales, en respuesta al crecimiento de su adopción y al mayor interés institucional por este mercado.

La base de ese proceso fue la Ley 14.478/2022, que definió los activos virtuales y estableció reglas generales para exchanges y otros actores del ecosistema. Ese marco fue un primer paso para reconocer jurídicamente a las criptomonedas y fijar responsabilidades básicas para las empresas del sector.

Más adelante, en noviembre de 2025, el Banco Central de Brasil introdujo las Resoluciones 519, 520 y 521. Según la información de la fuente, estas disposiciones entraron plenamente en vigor en febrero de 2026 y establecieron un sistema de licencias más exigente para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, también conocidos como VASP.

Bajo ese nuevo esquema, exchanges, custodios y proveedores de billeteras deben obtener aprobación regulatoria, mantener reservas de capital y segregar los activos de los clientes. Además, deben cumplir con exigencias integrales de conocimiento del cliente y prevención de lavado de dinero, incluida la llamada Travel Rule.

La política tributaria también se endureció. Desde 2026, las ganancias derivadas de criptomonedas quedan sujetas a una tasa fija de 17,5% sobre ganancias de capital, eliminando exenciones previas que existían en algunos supuestos.

Junto a eso, los exchanges están obligados a reportar transacciones de mayor volumen y las sanciones por incumplimiento aumentaron. Ese endurecimiento regulatorio refleja una doble intención del Estado brasileño: permitir el desarrollo del sector, pero dentro de parámetros de control más estrictos.

Sin embargo, el mensaje de Brasil no es exclusivamente punitivo. En febrero de 2026, legisladores reintrodujeron una propuesta para crear una Reserva Estratégica de Bitcoin, lo que muestra que dentro del país también existe interés en considerar a Bitcoin como activo nacional bajo una lógica distinta a la del combate al delito.

Ese contraste es importante para entender el momento actual. Por un lado, la supervisión y la capacidad de decomiso se intensifican. Por otro, persiste una visión de largo plazo sobre el potencial de las criptomonedas en la política económica y financiera del país.

La tendencia global de incautar y monetizar criptomonedas

La decisión de Brasil encaja en una corriente internacional más amplia. En distintas jurisdicciones, las autoridades ya no se limitan a rastrear operaciones ilícitas en blockchain. También buscan recuperar esos fondos, inmovilizarlos y, cuando el marco legal lo permite, venderlos o reutilizarlos.

Estados Unidos sigue siendo el caso más visible por escala. En octubre de 2025, las autoridades incautaron más de BTC 127.000, valorados en torno a USD $15.000 millones, a una presunta red de estafas. Según la fuente, se trató de la mayor confiscación de criptomonedas en la historia de ese país.

Las agencias estadounidenses han rastreado de forma recurrente la actividad en blockchain, tomado control de billeteras y subastado activos mediante el U.S. Marshals Service. Entre los antecedentes más conocidos figuran fondos vinculados a Silk Road y al hack de Bitfinex.

En Europa también se observa un patrón similar. El Reino Unido y diversas agencias europeas han intensificado la aplicación de la ley sobre activos digitales, a menudo en cooperación con autoridades estadounidenses y con apoyo de operaciones coordinadas por Europol.

Esas acciones han incluido operativos transfronterizos contra redes de fraude, congelamiento de fondos y recuperación de millones de dólares en criptomonedas. A una escala menor, también hay autoridades estatales en Estados Unidos que recurren a normas de decomiso civil para incautar criptoactivos en casos de phishing y lavado de dinero.

En algunos de esos procesos, la liquidación rápida responde a un motivo práctico: la volatilidad. Mantener criptomonedas incautadas durante largos períodos puede alterar significativamente su valor, por lo que varias jurisdicciones prefieren monetizarlas temprano y reducir ese riesgo financiero.

Brasil se suma a esa tendencia, aunque con una particularidad que lo distingue. La nueva ley canaliza de manera directa los ingresos provenientes de criptoactivos confiscados hacia el trabajo cotidiano de las fuerzas de seguridad, convirtiendo ese dinero en una herramienta operativa inmediata.

Ese diseño puede influir en futuros debates regionales sobre decomiso de activos digitales. Para América Latina, donde el crimen organizado y la adopción de criptomonedas avanzan en paralelo en algunos mercados, el caso brasileño podría convertirse en una referencia regulatoria y judicial en los próximos años.